“Hay un concepto en el Gobierno que rechaza todo tipo de autonomía”

ENTREVISTA| Manuel Rachadell, asesor jurídico de la UCV

Manuela Rachadell habla sobre sentencias a la UCV

Rachadell mantiene que desde hace 10 años hay un intento de restringir la autonomía a través de los presupuestos que son asignados a la universidad y una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia

Manuel Rachadell es el asesor jurídico de la Universidad Central de Venezuela desde hace más de 3 años y anterior a eso fue profesor de la Facultad de Derecho por más de 40 años. Recientemente se han generado dos sentencias a la UCV en las cuales él a estado al frente de las medidas requeridas por las salas del Tribunal Supremo de Justicia, una de ellas demanda la reforma de 9 artículos del Reglamento de Personal Docente y de Investigación.

La segunda sentencia, dictada por la Sala Electoral del TSJ, instó a la casa de estudios a que elabore un nuevo reglamento electoral que establezca voto paritario entre estudiantes, egresados, profesores y empleados. Fue necesario posponer las elecciones decanales mientras es elaborada la nueva normativa. Rachadell, apropósito de las sentencias, declaró que con ellas se intenta restringir la autonomía universitaria.

Desde el siglo XIX, con el mandato de José Tadeo Monagas, se ha intentado violar el principio de autonomía universitaria, pues era necesario que los profesores compartieran la ideología del gobierno. ¿Por qué esto es un denominador común?

En general durante mucho tiempo en Venezuela hubo un rechazo a la autonomía universitaria. Desde 1958 para acá la universidad ha tenido una gran autonomía pero si ha habido, desde hace 10 años, un intento de restringir la autonomía que se demuestra en una serie de aspectos que son tanto en lo económico como en una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia

¿Qué motiva, desde hace 10 años, que se busque por medio de sentencias restringir la autonomía de la UCV?

Eso se debe a que hay un concepto en el Gobierno que rechaza todo tipo de autonomía dentro del Estado, que el Estado es como una pirámide en la cúspide de la cual está el Presidente de la República y el ordena a todo el mundo para que haga lo que él dice. Ese es un concepto centralista que está totalmente desactualizado y que no se aplica en los países desarrollados, sino en los países donde tienen gobiernos autoritarios. Bajo ese concepto, si el Estado pone el dinero para el funcionamiento de la universidad, la universidad tiene que someterse a cumplir las orientaciones que el Gobierno le da.

Roxana Orihuela Gonzatti y Fermín Toro Jiménez expresaron que “la universidad no puede ejercer su autonomía, sino que ella misma constituye un freno a su autonomía”. ¿Qué opina usted al respecto?

Ellos han estado muy vinculados con la filosofía del Gobierno, cuando se expresan de esa manera están exponiendo un concepto centralista y autoritario que no existe en los países adelantados y que incluso en América Latina ha sido rechazado en la doctrina de la universidad a partir del movimiento de la Universidad de Córdoba en 1.918, que proclamó la autonomía universitaria.

En la sentencia N°01095, sobre los concursos de oposición, se alega que el artículo 3 del Reglamento de Personal Docente y de Investigación de la UCV atenta contra el ascenso en el escalafón universitario de profesores de medio tiempo o tiempo convencional. ¿Es esto una interpretación errónea?

En el reglamento que existía había una norma que decía que en los concursos de oposición se daría preferencia a los cargos de tiempo completo y educación exclusiva, entendió la Corte que eso era una discriminación a los profesores a tiempo convencional y medio tiempo. El sentido de esa norma es que cuando la universidad fuera a crear cargos, debería darle preferencia a los de tiempo completo y dedicación exclusiva, que son los más convenientes para realizar las actividades de investigación. Tal como estaba redactada la norma podía interpretarse como una discriminación, entonces la Corte declaró la nulidad de esa parte del artículo y la universidad hizo una reforma del reglamento.

Bernardo Méndez, vicerrector administrativo de la UCV, declaró que desde el 2007 el presupuesto universitario solo permite la subsistencia, ¿cómo influye esta situación económica en la apertura de concursos de oposición?

Permite la subsistencia de una forma muy precaria, puede subsistir unos 4 años máximo pero después tendrá que cerrar porque no hay dinero para el funcionamiento de la universidad a menos que se haga un incremento importante de los recursos que se le asignan. Eso se traduce también en que no hay recursos para la reposición de cargos y está prohibido que la universidad pueda crear cargos de profesores con ingresos propios.

Hay también una sentencia que obliga a la elaboración de un nuevo Reglamento Electoral para la universidad. ¿Qué oportunidades tiene la UCV para que se revoque la validez de esta sentencia?

Nosotros el 9 de octubre de del 2009 interpusimos una demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación que es la que consagra esa norma. La Sala Electoral del TSJ le ha ordenado a la universidad que elabore un nuevo reglamento en el cual el voto sea igual para profesores, estudiantes, obreros y egresados, sin esperar que la Sala Constitucional dicte su sentencia que la estamos esperando hace mucho tiempo. La universidad está dando la pelea, está recurriendo esa sentencia de la Sala Electoral y está en contacto con otras Universidades con el fin de impedir que desde las instancias del régimen se pueda imponer una política que esta llamada a lesionar gravemente el funcionamiento académico de la institución. Es una manera de perturbar el funcionamiento de la universidad democrática para privarla de su autonomía.

Durante la consulta popular para la reforma de la Constitución en el 2007, allí se propuso cambiar el artículo 109 para garantizar el voto paritario entre estudiantes, profesores y trabajadores, el resultado de los comicios fue una negativa. ¿Por qué ahora solicitan a la universidad un reglamento electoral con esa modificación?

No sólo en el 2007, cuando se hizo la redacción del artículo 109 hubo una proposición concreta de ampliar la comunidad universitaria para incluir a los trabajadores de la universidad, en 1999 esa propuesta fue rechazada. Por eso el Presidente esta tratando de reproducir esa propuesta.

Esa paridad de votos ha sido excluida por mucho tiempo. ¿Cuál es el temor que envuelve al voto uno a uno?

Cuando hablan de voto paritario, no es un concepto que es muy claro porque a veces hablan de un voto paritario por categorías. La sala electoral interpreta que el voto es uno a uno, que en la UCV tengan derecho a votar todos los estudiantes que son como 60.000 y todos los profesores que son como 10.000, pero que también voten los egresados, que son como 300.000; entonces eso desde el punto de vista académico es sumamente negativo para el funcionamiento de la universidad, el darle a los estudiantes y egresados el poder determinante sobre la elección de las autoridades es algo que no favorece el progreso académico. Esa reforma no refleja realmente el sentimiento del gobierno, sino ganas de que la universidad deje de funcionar bien, que el presidente pueda elegir a alguien que mande en la universidad. Esto la vuelve ingobernable, y él mismo se dio cuenta que era una reforma equivocada.

Andrea Ramírez

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